Conversatorio: "Producción de saberes desde las luchas socio-ambientales".
"Córdoba está al borde de un colapso ambiental"
«Producción de saberes desde las luchas socio-ambientales» fue el título del conversatorio que se realizó el 26 de abril en el Museo de Antropologías. Organizado por los Seminarios optativos “Geografía Física Crítica y Naturalezas del Antropoceno” (Dpto. de Geografía-FFyH-UNC) y Antropologías y Conflictos Socioambientales (Dpto. Antropología-FFyH-UNC), el encuentro permitió escuchar el testimonio de mujeres activistas, integrantes de distintos espacios de lucha, dando cuenta de la grave situación socioambiental por la que atraviesa la provincia de Córdoba.
“La experiencia de vida de estas mujeres nos dan mucha fuerza y esperanza”, dijo la antropóloga Eliana Lacombe, al inicio de la actividad. El panel estuvo integrado por las vecinas de la organización VUDAS –(Vecinos Unidos por el Derecho a un Ambiente Sano)– del barrio San Antonio; Diana Hernández, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocadxs de Dique Chico; Lucía Castellano, integrante de la Asamblea Vecinos por el Chavascate. Eugenia Caraballo, de la Asamblea Socioambiental San Roque Despierta; y Alejandra Perisset, integrante de la Asamblea de Paravachasca, junto a la moderación de Gilda Collo.
Silvia Cruz, de la organización VUDAS, dijo que “la lucha contra Porta es contra el sistema. Contra el extractivismo”. La empresa de bioetanol funciona en el barrio de San Antonio desde 1995. Pero a pesar de once años de denuncias y reclamos por parte de los vecinxs, Porta sigue contaminando el aire de la zona, en complicidad con poder político. “Aquí está en juego nuestro derecho a la salud y la necesidad de seguir viviendo en nuestro barrio”, dijo. Una contaminación que afecta la salud de las personas no sólo de San Antonio, sino de lxs vecinxs de barrios aledaños, como Inaudi, Inaudi anexo, Tejas II y Cañitas.
Silva narró el arduo camino de denuncias que llevan adelante lxs vecinxs de San Antonio. “Una lucha que hoy está en la Corte Suprema”, dijo. “Sabemos que defender el derecho a la salud y el medioambiente es tocar intereses económicos que afecta a las empresas”. A su vez, remarcó que gran parte de esta lucha la llevan adelante las mujeres. “Eso significa poner el cuerpo y el alma”, dijo. “Son once años de atropellos y violencia institucional”. Y destacó como clave la persistencia y organización entre vecinxs, junto a otros espacios, para sostener “un proceso necesario de lucha y resistencia”.
Lucía Castellano es integrante de la Asamblea Vecinos por el Chavascate. Durante el encuentro relató el complejo trabajo que realizan en defensa de la preservación de las reservas ambientales, del desmonte y las cuencas hídricas de Sierras Chicas.
En su intervención, explicó de manera detallada el caso de Candonga, los incendios que viene sufriendo la zona y la relación directa que existe con el emprendimiento inmobiliario privado que lleva adelante la empresa TICUPIL. “El impacto socioambiental que estamos sufriendo es muy grave”, dijo. “El monte nativo es la fábrica de agua y el emprendimiento inmobiliario de TICUPIL se ha instalado en la cabecera de la cuenca del Río Chavascate. Ahí se genera el agua que abastece a los tres pueblos que estamos abajo: El Manzano, Agua de Oro y Cerro Azul”,explicó. Actualmente toda el área de Candonga es una zona roja protegida por la ley, ya que comprende monte nativo. Sumado a esto, relató que se pretende avanzar en la construcción de una vía que conecte el lugar con el Camino del Cuadrado. Un proyecto que había sido denegado por vialidad provincial, en el 2013.
Tras años de lucha, los movimientos ambientalistas y las asambleas lograron, en 2019, que la Cámara Cuarta dispusiera una orden judicial para suspender las obras. “Aunque sabemos que siguen trabajando”, dijo. A su vez, remarcó que hay que proteger todas reservas hídricas de la provincia, porque “detrás de cada incendio aparece un barrio, una autovía o algún emprendimiento privado. Existe tanta impunidad que es muy difícil saber qué hacer para detenerlos”.
A su vez, Lucía Castellano ponderó los espacios de encuentros con la Universidad pública y otros colectivos o asambleas que llevan adelante luchas medioambientales. “Es necesario generar redes, informes, relevamientos y datos específicos, que sirvan como herramientas precisas para evitar un ecocidio. Tenemos que visibilizar estas problemáticas”. Y sobre el final, alertó: «Córdoba está al borde de un colapso ambiental».
Eugenia Caraballo es parte de la Asamblea Socioambiental San Roque Despierta. Este colectivo denuncia los procesos de destrucción y contaminación en el Valle de Punilla generados por la construcción de la autovía. “Estamos destruyendo el lugar que habitamos”, dijo en su intervención. Y explicó que este tipo de desarrollos están contemplados en el plan de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que implica a los doce países suramericanos, con el objetivo de construir una agenda común para proyectos de infraestructura vinculados al transporte, energía y comunicaciones.
“Un plan meramente extractivista, que no menciona los severos daños socioambientales, patrimoniales y culturales que trae como consecuencia”, explicó. En este contexto, “¿Cómo les explicamos a lxs vecinxs que debemos decirle no a la autovía?”, dijo. “Por nuestras luchas tenemos compañerxs perseguidos e imputados”, relató. Y llamó a trabajar de manera colectiva para tener una conciencia de cuidado con el lugar que habitamos.
Alejandra Perisset forma parte de la Asamblea de Paravachasca. El grupo lucha contra la destrucción ambiental generada por la construcción de la autovía en el Valle de Paravachasca. En la misma línea que Carballo, Alejandra explicó que “las autovías son parte de un plan sistemático para el saqueo”, dijo. “Se trata de la tierra, el monte y el agua, que son recursos naturales básicos”, explicó. “En el año 2020, por causa del negocio inmobiliario y los incendios intencionales, se perdió más de la mitad de nuestro bosque nativo, con daños irreversibles”, dijo. Y también llamó a tomar conciencia porque “somos territorio de sacrificio”.
Diana Hernández milita dentro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocadxs de Dique Chico, quienes luchan contra las fumigaciones con agrotóxicos. Ella habló sobre los impactos en la salud que genera el glifosato y los agroquímicos. Narró la lucha contra las fumigaciones y la tarea de los vecinxs para que se cumplan las normativas de respetar las “zonas de resguardo ambiental”. Normas que implican guardar una distancia de al menos 2000 metros, en torno a los lugares urbanos o las escuelas. También habló de la responsabilidad de los Estados sobre garantizar el derecho a la vida y la salud de las personas. Y llamó a modificar los contenidos y las formas de educar hacia el futuro. “Educar para el cuidado del planeta, para ser ciudadanxs con valores éticos y conscientes del lugar donde vivimos”.
El encuentro culminó con la valoración positiva de este tipo de actividades, donde se comparten y visibilizan conflictos, demandas y procesos sociopolíticos en los que se entraman las luchas. Además, de intercambiar saberes y fortalecer la red de diversos colectivos de militancia medioambiental y visibilizar problemáticas locales que desnudan los riesgos de un posible ecocidio en Córdoba.
Texto y fotos: Irina Morán
Área de Comunicación – Museo de Antropologías