Conferencia de Prensa
“Mi hijo corrió por el miedo”
El 13 de junio de 2023, en el Museo de Antropologías, se llevó a cabo la conferencia de prensa sobre el nuevo juicio, por el caso de gatillo fácil de Damián Perez. Dieron testimonio los padres Omar y Blanca Pérez. También participó el abogado de la causa, Nicolás Tuturro y la abogada Guillermina Iraholapeppe. Acompañaron a la familia, Soledad Laciar, Viviana Rivera Alegre, junto a lxs antropólogxs Natalia Bermudez y Nahuel Blazquez, quienes al final leyeron un documento público, donde se solicita la adhesión y el acompañamiento de toda la sociedad.
El 13 de junio de 2023, en el Museo de Antropologías, se llevó a cabo la conferencia de prensa sobre el nuevo juicio, por el caso de gatillo fácil de Damián Perez. Dieron testimonio los padres Omar y Blanca Pérez. También participó el abogado de la causa, Nicolás Tuturro y la abogada Guillermina Iraholapeppe. Acompañaron a la familia, Soledad Laciar, Viviana Rivera Alegre, junto a lxs antropólogxs Natalia Bermudez y Nahuel Blazquez, quienes al final leyeron un documento público, donde se solicita la adhesión y el acompañamiento de toda la sociedad.
Cruzada por el dolor, Blanca Perez contó cómo en julio de 2014, tras un operativo de seguridad, Damián Pérez, su hermano Alexis y un amigo en común, volvían de jugar al fútbol en un auto, cuando fueron interceptados por un patrullero policial, en Barrio Bella Vista. En ese momento, los hacen bajar del vehículo y es ahí que Damián se asusta y corre hacia la Cañada. De forma inmediata, es perseguido por el cabo Martínez, quien le dispara dos veces por la espalda.
A raíz de esos disparos, Damian Pérez quedó parapléjico y con una disfunción neuromuscular en la vejiga. Así, vivió postrado durante casi ocho años y falleció el 8 de marzo de 2022. “Aquella tarde que le dispararon, mi hijo corrió por el miedo. Porque la Policía siempre se lo llevaba”, dijo la madre de Damián entre lágrimas y con la voz quebrada.
Soledad Laciar, madre de Valentín Blas Correa, dijo que las madres que han sufrido el asesinado de sus hijos por prácticas de gatillo fácil tienen que hacer algo con tanto dolor. “En mi caso, quiero que las cosas cambien”, expresó. “No puede ser que le tengamos miedo a la Policía que tiene el deber de cuidarnos” dijo. “Pero cuando le damos un poder a una persona que no está capacitada, suceden casos horribles como lo que sucedió con Blas”. Y añadió que son muchas las familias de Córdoba que hemos atravesado este tipo de casos. “Necesitamos un cambio profundo y humanitario en la formación de las fuerzas de seguridad”.
En esa misma línea, habló Viviana Rivera Alegre, mamá de Facundo Rivera Alegre, quien lleva doce años desaparecido en Córdoba, tras sufrir el hostigamiento policial. Viviana se refirió al tratamiento desigual por parte de la Justicia con los familiares de las víctimas. Y dijo que su lucha es por la aparición de su hijo y para que los casos de gatillo fácil no se sucedan Nunca Más.
El abogado de la causa, Nicolás Tuturro, dijo que existe una serie de irregularidades en el caso de Damián Pérez. El policía acusado de dispararle por la espalda – el Cabo Mariano Andrés Martinez– fue absuelto en el juicio realizado en 2019. Sin embargo, con el agravante del fallecimiento de Damián Perez en el 2022, el Tribunal Superior de Justicia anuló esa sentencia y este año comenzó un nuevo juicio. “Esperamos que esta vez la verdad se abra paso y se haga justicia”, dijo.
En este sentido, la abogada Guillermina Iraholapeppe argumentó: “Es vil y cobarde cuando se dispara a una persona por la espalda”. También expresó que es inadmisible que la Policía de Córdoba altere las escenas de los hechos plantando pruebas falsas. Y dijo que en los casos de gatillo fácil, “a la Justicia le interesa más el imputado que el daño irreparable que se produce con las víctimas y sus familiares”.
A su vez, se informó que el próximo 15 de junio se realizará, la sexta audiencia a cargo de la Cámara de Undécima Nominación que juzga este caso de gatillo fácil. Y se estima que el 22 de junio de 2023 se realicen los alegatos.
Finalmente, Nahuel Blazquez hizo lectura de un documento público, escrito por Organismos de Derechos Humanos junto a Familiares, profesorxs e investigadorxs de la Universidad Nacional de Córdoba, en el que se denuncia la grave situación del accionar policial en Córdoba hacia jóvenes de clases populares. Un documento donde se pide la adhesión a toda la comunidad, con el fin de lograr justicia, en el caso de Damian Pérez.
Texto y fotos : Irina Morán
Área de Comunicación – Museo de Antropologías.
Gatillo Fácil: el caso de Damián Pérez
Organismos de Derechos Humanos junto a Familiares organizadxs, profesorxs e investigadorxs de la Universidad Nacional de Córdoba queremos hacer llegar nuestra preocupación ante al nuevo escenario y posible condena de un policía de nuestra ciudad por un caso de Gatillo Fácil ocurrido en julio de 2014. En el presente documento que exponemos al público en general, y que esperamos tenga impacto en los alegatos judiciales pronto a sucederse ante un jurado popular, queremos expresar la grave situación del accionar policial en nuestra ciudad hacia jóvenes de sectores populares.
Damián Pérez murió el 8 de marzo del 2022, luego de padecer durante ocho años paraplejía y disfunción neuromuscular de la vejiga, ocasionadas por el disparo efectuado por el policía Cabo Mariano Martinez. En el juicio realizado en 2019, el juez Ferrer Veyra -hoy jubilado-, lo absolvió, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia anuló la sentencia judicial y en mayo de 2023 comenzó el nuevo juicio, con el agravante de la muerte de Damián.
A lo largo de las investigaciones socio antropológicas que venimos desarrollando desde hace más de quince años desde el Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR-CONICET-UNC); encontramos graves continuidades y regularidades entre los distintos casos de violencia institucional ocurridos en tiempos democráticos. El caso de Damián visibiliza:
1) Muchos otros casos que implican distintos tipos de lesiones producto de la violencia policial. En los barrios empobrecidos económicamente podemos encontrar a numerosos jóvenes con heridas y lesiones producidas en el marco de detenciones arbitrarias y prácticas de abuso policial cotidianas como acciones de torturas, verdugueo, maltratos físicos y verbales, entre otros. Lesiones en la espalda, en los ojos y las extremidades, con consecuencias significativas tanto a nivel físico como simbólico en las trayectorias de vida de estos jóvenes. Estos tipos de violencias raramente resultan denunciados porque quienes las padecen tienen temor de que puedan agravar los maltratos policiales de los que son víctimas.
Así como este caso podemos citar otros paradigmáticos en Córdoba. Uno de estos fue el de Victor Calderón de 21 años asesinado por siete disparos policiales en febrero del 2022, en barrio Parque la Vega. Este caso ni siquiera llegó a juicio ya que la fiscalía dictaminó que el policía había actuado en legítima defensa al ser amenazado con un arma de fuego por Victor Calderón. O el caso de Joaquin Paredes que en octubre de 2020 fue asesinado en la localidad de Paso Viejo (Cruz de Eje) donde cuatro efectivos policiales dispararon 112 balas asesinando a Joaquín e hiriendo gravemente a otros dos jóvenes.
2) La plantación de armas como práctica habitual de las costumbres policiales, reflejando profundas continuidades con la última dictadura en Argentina. Casos como el del Güeré Pellico y el de Blas Correa, entre tantos otros, muestran cómo por medio de este accionar las fuerzas policiales buscan culpabilizar a las víctimas.
3) Maltrato y deslegitimación de las versiones familiares sobre lo ocurrido en el proceso judicial. Estas prácticas de culpabilización buscan responsabilizar a las propias víctimas por lo sucedido. Las familias no sólo deben atravesar el dolor por la pérdida de sus seres queridos, también deben transitar la burocracia judicial y la violencia en las audiencias judiciales, donde siquiera pueden llorar por sus hijos, ya que no pueden “tenerse expresiones/emociones” dentro de la sala del juicio, como le han dicho a la mamá de Damián.
4) Las políticas de seguridad no pueden reducirse a la cantidad de efectivos policiales que patrullan en los barrios de la ciudad o a los tipos de armas que deben portar.
Por todo lo expuesto, resulta URGENTE desarrollar programas concretos que incluyan a investigadores/as, organismos de derechos humanos, familiares, colectivos y organizaciones sociales, orientados a modificar las políticas públicas desde una perspectiva de derechos. Programas que, por un lado, se focalicen en la transformación de la formación policial tendiente a la profesionalización de sus miembros, pero especialmente de las costumbres policiales así como de sus moralidades y cosmovisiones. De modo que en base a estas transformaciones, se lleven a cabo los cambios sociales, legales y culturales necesarios para que la tarea policial sea ejecutada con perspectiva de derechos.
Asimismo, estos procesos deben incluir la modificación de los andamiajes necesarios para la (re)producción de la violencia policial/institucional a nivel político, judicial y social. Resulta necesaria la transformación inmediata de las rutinas judiciales que no permiten el real acceso a la justicia de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad para enfrentar conflictos jurídicos.
Finalmente, rescatamos las luchas de familiares, especialmente de las madres, que desde hace años, y muchas veces en solitario, vienen reclamando que las consideren como interlocutoras válidas y para que se respete el derecho a la vida de los jóvenes, aún de aquellos en “conflicto con la ley”. Este documento valora y destaca además a aquellas redes, organizaciones y entramados que, con distintos niveles de organización, venimos creando y sosteniendo en los últimos años y entre distintos actores sociales, exigiendo que se garantice el acceso a derechos de las poblaciones vulneradas. En el marco de la celebración de los 40 años del retorno a la vida democrática, decimos NUNCA MÁS.