Napalpí, punto de partida para otras luchas indígenas

El 23 de junio de 2022 se realizó el conversatorio virtual sobre los activismos y las investigaciones científicas que fueron claves en el juicio que este año aportó a la verdad histórica de la masacre ocurrida el 19 de julio de 1924 contra las comunidades Qom y Mocoví en la actual provincia del Chaco, entonces territorio nacional. Con la apertura de la Decana, Flavia Dezzutto, participaron del panel David García, docente-traductor e investigador Qom, Diana Lenton, investigadora del Conicet e integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena; Gabriela Maciel, abogada e integrante de Fundación Napalpí, y Diego Vigay, Fiscal Federal de Resistencia. Coordinaron: Carolina Álvarez Ávila y José María Bompadre, antropólogxs de la FFyH especializados en la temática.

Entre el 19 de abril y el mismo día del mes de mayo de 2022, en seis audiencias por las que pasaron más de cincuenta testigos -diez de ellxs sobrevivientes y familiares de sobrevivientes-, y mucha y valiosa documentación histórica, la justicia argentina dictaminó que la “Masacre de Napalpí”, en la que se estiman más de 500 muertos, son crímenes de lesa humanidad en el marco de políticas genocidas, perpetrados el 19 de julio de 1924 por la Policía Nacional de Territorios contra estas comunidades Qom y Mocoví-Moqoit en el paraje El Aguará, cercano a la reducción indígena de Napalpí, que en aquellos años pertenecía al territorio nacional del Chaco.

Aunque las balas fueran policiales, los asesinatos contra quienes realizaban una huelga en protesta por las esclavistas condiciones en la producción del algodón, contaron con la participación de civiles bajo órdenes del gobernador Fernando Centeno, quien de manera directa reportaba al presidente radical Marcelo Torcuato de Alvear.

Noventa y ocho años después, luego de una larga lucha de las organizaciones de esos pueblos originarios para que aquella masacre no quede impune y la verdad histórica pudiera ratificarse en un proceso judicial oral y público por la acción de instituciones que integran el Estado Nacional que cien años antes había sido el verdugo, las víctimas de Napalpí fueron redimidas para la Historia. La Argentina y el mundo entero pudieron conocer las atrocidades cometidas contra estos pueblos y que eso fuera juzgado. Antes hubo perdones oficiales y una gigante tarea de reconstrucción documental y oral por quienes son los descendientes de lxs asesinadxs. Entre ellos, Juan Chico, principal impulsor de la causa Napalpí.

Organizado por el Museo de Antropologías, el Departamento de Antropología y el Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el 23 de junio se realizó el panel virtual “Juicio por la Masacre de Napalpí. Aportes de los activismos y las investigaciones científicas en procesos de reparación”, que hizo foco en ese trabajo hormiga y complementario de las organizaciones sociales indígenas y la academia para que el Estado argentino empiece a saldar su deuda interna con las comunidades originarias, después de casi un siglo de silenciamiento y perpetración del horror a través de la imposición del miedo.

Hubo otras masacres, pero las de Rincón Bomba en octubre de 1947 durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón contra la nación pilagá, y la de Napalpí, son las de mayor magnitud cometidas contra pueblos originarios en Argentina en el siglo XX.

Como lo señalaron lxs organizadores y panelistas, “este juicio abrió la posibilidad de hacer extensivo a los pueblos indígenas las luchas por Memoria, Verdad y Justicia y es un antecedente para avanzar en reparaciones históricas para cada uno de estos pueblos y comunidades”. También se preguntaron y fueron ejes del conversatorio si hubiera sido posible esta instancia sin luchas por reconocimiento de las comunidades indígenas, cuáles los aportes de investigaciones científicas en este juicio, cómo se dieron los diálogos entre procesos de reparación, activistas e investigadores, y si es posible pensar categorías de genocidios y terrorismo de estado y plantear un “Nunca Más” para los pueblos originarios.

Interrogantes que empezaron a desentrañar lxs panelistas luego de la bienvenida de Carolina Álvarez Ávila y José María Bompadre, antropólogxs de la FFyH que investigan temáticas indígenas, quienes destacaron el rol clave de lxs sobrevivientes, hijxs y nietxs de los pueblos Qom y Mocoví. Luego fue Flavia Dezzutto, Decana de la Facultad, quien saludó la transmisión y valoró “los aportes de los activismos y la investigación científica que sirven a la Memoria, la Verdad y la Justicia”, que habilitan la concreción de “palabras largamente silenciadas por una estructura jurídica que actuó contra nuestro pueblo. Agradezco que esta sea una posibilidad para que la palaba se colectivice, circule, porque hay una justicia que hay que poner en el presente”.

En sintonía con el posicionamiento político e institucional de la FFyH en relación al tema, Dezzutto dijo que “la tierra nunca dejó de ser el problema nuestro y de América Latina, y fundamentalmente en nuestros pueblos originarios. Por eso tenemos que ubicarnos en la trinchera y tomar partido”.

Para empezar a creer en la justicia

La palabra circuló y el primero en plantar bandera fue David García, docente-traductor e investigador Qom, quien empezó hablando en su lengua originaria, que luego tradujo para resaltar el valor del reciente juicio: “Para nuestros hermanos fue muy importante este proceso, porque trajo un espacio de diálogo también entre las comunidades. Uno no se cansa de hablar del juicio por el impacto que tuvo. Cambió la mirada del antropólogo en las comunidades, por el aporte que estxs hicieron.”

En este sentido, García reconoció que “el juicio puso en tensión la relación entre la academia y las comunidades indígenas, poniendo de relieve la crítica a las miradas extractivistas. El impacto en las comunidades es muy positivo, además de haber funcionado como una herramienta entre las comunidades y el Estado Argentino. Se experimentó un mayor compromiso del Estado y la academia”.

Para las nuevas generaciones también fue bueno señaló García, porque “hay más interés en las escuelas sobre los pueblos originarios. La justicia vuelve a ser creíble para pueblos que siguen estando en lucha. Ver al otro como un ser humano, como decía Juan Chico”.

A pesar de esta valoración positiva del proceso judicial, reconoció que “hay mucho trabajo para seguir haciendo, cambiar políticas públicas para los indígenas, porque nadie merece discriminación, todxs merecemos vivir, la naturaleza y los seres humanos que somos parte de ella”.

Será Justicia

Diego Vigay fue el Fiscal Federal de Resistencia que llevó a cabo la investigación judicial que terminó en una histórica sentencia, pero como él mismo reconoce, el trabajo iniciado en 2014 se nutrió de una minuciosa reconstrucción que durante décadas llevaron a cabo las propias comunidades afectadas y el mundo académico comprometido con esas historias silenciadas. “En el juicio hubo testimonios de 10 sobrevivientes, a pesar de que pasaron 98 años de la masacre. Fueron un gran aporte para armar el rompecabezas de la explotación de las comunidades, del trabajo a la servidumbre a la que fueron sometidsxs y de la propia masacre”, señaló.

“Melitona Enrique fue la primera que habló, después vino el pedido de perdón del gobernador Capitanich en 2008, en un aniversario de la masacre. Fue un proceso muy rico en la reconstrucción comunitaria, que fue la base de la investigación preliminar más la investigación histórica y periodística. Pudimos recabar y escuchar en las audiencias un gran precisión y detalles de lo que fue la masacre, gracias al relato oral y los documentos históricos”.

Citando a Juan Chico, un investigador Qom que recorrió Colonia Aborigen y sus alrededores en busca de sobrevivientes e información sobre la Masacre de Napalpí, Vigay resaltó que “acá se unieron las dos bibliotecas, la historia oral y las fuentes documentales e históricas, las dos muy importantes y complementarias”. En este sentido, mencionó La voz de la sangre y Las voces de Napalpí , “dos trabajos muy profundos de Juan Chico, y pruebas muy importantes sobre lo que pasó”.

Después de mencionar con nombre y apellido a lxs sobrevivientes que testificaron en las seis audiencias del juicio, el funcionario valoró que “esto lo hizo la comunidad, lo que habla de la importancia y el valor de la memoria oral en la cultura indígena”.

Activismo y compromiso académico

Graciela Maciel es integrante de la Fundación Napalpí y a la vez investigadora del Conicet de Resistencia, Chaco. “Estoy en los dos lados, la academia y los activismos”, dijo, para luego destacar como Vigay el trabajo previo de Chico: “Juan fue el impulsor de todo lo que se hizo. La Fundación surge en 2015, pero hubo un grupo humano que trabajó durante 20 años para que el juicio fuera posible. Había una necesidad de investigar, de averiguar sobre hechos que habían sido silenciados, invisibilizados”.

Motorizadxs por esa energía de Chico, Maciel contó que en 2017 empezaron con seminarios sobre la temática de Napalpí: “Hicimos encuentros de investigadorxs con miembros de pueblos indígenas, sumando academia más comunidades. Nos enriquecimos año tras año, hablando de los genocidios latentes, de lo que ocurrió y de lo que sigue ocurriendo en las comunidades indígenas. La verdad que llegar al juicio era inimaginable, ocurrió porque hubo personas como Juan Chico. Los activismos fueron los impulsores, los que dieron esperanza, la luz para el juicio histórico”.

Para Diana Lenton, Doctora en Antropología, profesora en la UBA,  investigadora del Conicet e integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, el juicio fue una inmejorable oportunidad para confirmar el valioso aporte de la educación y la universidad pública argentina: “Nos sentimos felices, orgullosxs y agradecidxs de haber sido convocadxs para aportar lo nuestro. Se abrió espacio para generar un aporte concreto, que va más allá de la devolución que la academia puede y hace cuando trabaja en los territorios con las comunidades. Dialogamos con otros actores del Estado y pudimos ver el impacto de nuestro trabajo, sobre todo el de lxs antropólogxs. Que se puede cambiar algo de la realidad a partir de nuestros aportes”.

En ese cruce entre los activismos y la academia, otro punto central de su alocución fue la crítica a la idea de objetividad como sinónimo de “neutralidad”: “La objetividad no puede ser negacionismo”. Respondiendo a los cuestionamientos de ciertos sectores académicos, sostuvo que “hace 20 años no se podía hablar de genocidio indígena, pero hoy sí, porque el concepto de Naciones Unidas nos permite hablar de genocidio indígena”.

También recordó que otra pelea fue insertar estas temáticas en los planes de estudio de las universidades: “Mi generación nunca había visto esto, no nos enseñaron sobre genocidio indígena, estos pueblos eran como algo inmutable, solo tenía sentido investigar sus costumbres, mitos, pero no lo que les pasaba. No entraban en las tesis”.

Valorando que cada vez hay más integrantes de las comunidades originarias en las universidades, sobre todo las del nordeste argentino, “muchxs ya graduadxs, doctorandxs o investigadorxs”, Lenton advirtió que “todavía son pocxs, tiene que haber masividad, y para ello se necesita receptividad en las autoridades que facilite el acceso para que pueda haber otro ritmo de estudiantes”. Lo mismo que en los subsidios a la investigación y el reconocimiento de sus aportes: “Los saberes de las comunidades muchas veces no son citados en los informes académicos”.

Culminadas las intervenciones, el panel habilitó la posibilidad de preguntas de quienes participaban y coordinaban el conversatorio, que enriquecieron un debate que como había señalado Maciel, “el juicio es una reparación para los pueblos indígenas, no solo del Chaco, es un punto de partida para otras causas y luchas”.

Ver el conversatorio completo:

Nota publicada de manera original en Revista Alfilo
Area de Comunicación Institucional FFyH- UNC