¿Planes vs. trabajo? El eterno retorno de una falsa oposición

Una construcción dicotómica organiza desde hace décadas buena parte del debate acerca de las posibilidades e imposibilidades de inserción laboral de los “sectores populares”: la oposición entre planes y trabajo. Este binomio reaparece incansablemente: transformar los planes en trabajo o, directamente, acabar con ellos parece constituirse en el objetivo principal que ordena una parte importante de la discusión política actual. ¿Qué muestra y qué oculta esta supuesta oposición? ¿Cómo viven estos discursos los sectores populares organizados?

Un prejuicio largamente sedimentado

Al afirmar que “los planes” deben convertirse en trabajo, se reproduce la asociación de sus titulares como gente que no trabaja. ¿Es posible hablar de las formas actuales del trabajo sin que ese asunto de los “planes” domine la conversación?

La oposición entre planes y trabajo da por sentadas al menos dos definiciones; por un lado, una visión restringida del trabajo, que se centra en la inserción en el mercado asalariado formal y en la producción orientada a lo mercantil. Por otro lado, reproduce un discurso moral y una mirada estigmatizante sobre aquellos sectores de la clase trabajadora que pertenecen a la economía popular (EP), quienes, sin acceso a un empleo estable y protegido, sobreviven gracias a “inventarse” el propio trabajo. Mirada que se recrudece aún más cuando además, son titulares de programas sociales. Juntas, ambas definiciones, conforman una expulsión clasificatoria que es en sí misma un hecho político: quedan invisibilizadas y excluidas de su condición de trabajo toda una serie de actividades que realizan cotidianamente los y las titulares de programas sociales, en su mayoría, del sector de la economía popular.

Eso que llaman planeros: un inapelable (pre)juicio moral

Empecemos por el principio: aquellas personas que el discurso público y mediático suele homogeneizar bajo el calificativo despectivo de “planeros” trabajan y lo hacen en una multiplicidad de tareas. Solo por hacer un repaso rápido: la puesta en marcha de huertas y emprendimientos de la agricultura familiar; elaboración de alimentos para quienes acuden a espacios de cuidado comunitario; producción bloques, rejas y muebles en obradores levantados de la nada por organizaciones de la economía popular; recuperación de material reciclable; construcción de  viviendas, refacción de escuelas, limpieza de calles y acondicionamiento de plazas, y un largo etcétera. Además de desarrollar tareas en el marco de los programas sociales -lo que muchas veces se ha denominado como “contraprestación”- trabajan de forma simultánea “inventando” otros trabajos que les permiten generar y diversificar sus ingresos: venta ambulante, trabajo textil, limpieza por horas, elaboración y venta de alimentos, entre muchos otros oficios. La pluriactividad caracteriza a la economía popular en general y la vida cotidiana de aquellos que son llamados “planeros” no es la excepción.

Es que para “vivir de planes” no dan de ningún modo los números. De hecho, en la composición de ingresos de los y las trabajadoras de la EP que reciben programas sociales, estos “planes” no constituyen ni han constituido nunca el único aporte a sus economías familiares. Sus ingresos (y los de sus familias) provienen de una gran variedad de actividades en las que los programas de empleo constituyen solo una de sus fuentes. Ya en 2003, un estudio sobre la primera implementación del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados marcaba esta cuestión: la contribución de este programa representaba solo el 37% del ingreso total de los hogares que lo recibían. Durante 2022, según un informe realizado por el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), solo el 3% del ingreso individual de los y las trabajadoras de la EP puede explicarse por “ayuda social” y el 11% por pensiones y jubilaciones. El 86% restante proviene de sus ingresos laborales.

En la práctica, entonces, los ingresos que provienen de planes sociales constituyen una porción menor del total. Pero, en el marco de una sociedad que se sigue pensando bajo el modelo salarial, la recepción de un programa estatal de transferencia directa suele anular (como en un acto de contaminación), en la percepción subjetiva y social, la existencia y valor del resto de las fuentes de recursos provenientes de la pluriactividad de esos trabajadores. En una operación de totalización socialmente invisibilizada, se pasa a tomar la parte por el todo: recibir “algo” del Estado se transforma en “vivir del Estado”. 

El conjunto de personas que hoy compone la economía popular supera ampliamente a la población receptora de programas sociales; a fines del año pasado, el Potenciar Trabajo alcanzaba a 1,3 millones en todo el país; mientras que, según mediciones desarrolladas desde el Centro de Innovación de los Trabajadores y tomando como referencia solamente a los conglomerados urbanos, la economía popular alcanzó las 4.645.447 personas. En marzo de 2022, el salario social complementario representaba el 17% de la canasta básica, mientras que la Asignación Universal por Hijo alcanzaba solo el 7%. ¿Quién podría vivir de los planes cuando no llegan a cubrir ni un cuarto de la canasta básica familiar?

Desde hace por lo menos tres décadas, quienes son titulares de programas sociales están constantemente en un intenso escrutinio mediático, político y social (y a un inapelable juicio moral) que los define como vagos, gente que no quiere trabajar o como vividores del Estado (y, por ende, de quienes sí trabajan). Una acusación que, aún sin necesidad de ser enunciada, permanece siempre latente y estalla con mayor fuerza al menos tres o cuatro veces al año, cuando algún informe periodístico o discurso político reaviva el debate.

Quienes son perceptores de algún plan social no son ajenos a estas miradas condenatorias. En las jornadas de trabajo, entre ladrillo y ladrillo, mientras se revuelven las ollas en los merenderos o se conversa frente a herramientas en los obradores, los ecos del debate acerca de qué debería pasar con los planes llegan como una voz en off que incomoda y hasta los hostiga. Frente a este escenario de violencia y hostilidad, muchas de estas personas vienen ensayando distintas estrategias colectivas que permitan introducir interpretaciones alternativas a la dominante. En contextos donde la asociación sectores populares/planeros/vagos se reproduce con fuerza amplificada con el impulso de los medios masivos de comunicación, desde las organizaciones, saben que una parte de la batalla se da en el plano de la comunicación. Por eso, dar pruebas del trabajo realizado constituye una preocupación recurrente de los receptores de programas sociales y una tarea casi obligada en el día a día. 

Fotografiar el trabajo, contrarrestar la invisibilización 

Como antropólogas, desde hace casi una década, acompañamos a trabajadoras y trabajadores de la economía popular que se desempeñan en cooperativas y unidades productivas del conurbano bonaerense y de la periferia cordobesa. Hace algunos años, advertimos que la tarea de fotografiar sus actividades cotidianas se había vuelto una (pre)ocupación para estas personas. Las fotografías constituyen una estrategia recurrentemente adoptada para difundir lo que hacían las cooperativas y era habitual que se tomaran imágenes de prácticamente todas sus rutinas de trabajo.

Esas imágenes muestran personas “en acción”, una especie de (auto)afirmación de su condición de trabajadores para desmarcarse de una acusación siempre presente. Pero, además, el registro fotográfico resulta especialmente productivo para capturar algo que, de otro modo, sería difícil de percibir: la (prácticamente inasible) relevancia y productividad de los trabajos de cuidado. Al poner el ojo en las fotos, vemos que una parte de ellas está destinada a retratar personas que pintan escuelas, cortan el pasto de espacios verdes barriales, revocan y pegan ladrillos en las viviendas, arman muebles, instalan arcos de fútbol, limpian, desmalezan, organizan materiales para su descarte, hacen arreglos de plomería y electricidad, reparan juegos infantiles; vemos a mujeres prendiendo el fuego, cocinando, poniendo la mesa, repartiendo la comida y lavando los platos en espacios sociocomunitarios. También circulan fotos de una cantidad abultada de viandas preparadas y listas para entregar.

A pesar de ser fundamentales para mantener la vida andando, estos trabajos de cuidado comunitario suelen ser poco considerados en los análisis económicos; por eso, su visibilización es una tarea compleja y un trabajo extra que ocupa a quienes los realizan. Al final del día, la comida elaborada para el comedor ya fue consumida y para muchos puede resultar difícil dimensionar todo el trabajo realizado por aquellas mujeres que revolvieron durante horas una olla calentada por fuego a leña. Las obras de construcción, una vez levantadas las paredes y revocados los ladrillos, adquieren la apariencia de haber estado allí siempre. Sin las fotografías, sería más difícil dimensionar que a una escuela antes se le llovía el techo, que la señora de la esquina vivía en una casilla y ahora tiene una casa de material, que los kilos de harina que manda el Ministerio fueron transformados en montones de tortas fritas que acompañaron momentos de juego, recreación y educación de niños de los barrios.

Al tomar fotografías, no solo se responde a un agravio ni se afirma una identidad, se construyen “evidencias” para legitimar sus actividades, las fotos contribuyen a un debate más amplio acerca de qué se entiende por trabajo y cuál es su valor. Al fotografiar alimentos, ollas, trabajos de albañilería en casas o escuelas refaccionadas, se cristaliza una apuesta política por reivindicar y visibilizar todo el trabajo que es necesario para reproducir y mejorar la vida en los barrios populares. Y puede ayudarnos así a introducir puntos de fuga en el debate dominante, asumiendo el difícil desafío de hacer visibles todos los trabajos necesarios para hacer girar el mundo.

  *Por Florencia Pacífico y María Victoria Perissinotti para La tinta / Imagen de portada: A/D.

Florencia Pacífico del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA – CONICET-UMET) y del Programa Antropología en Colabor. María Victoria Perissinotti del Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR-CONICET) - Museo de Antropologías de la UNC.

Nota original publicada en La Tinta.