Todo fuego es político

Sólo en 2020, la provincia de Córdoba sufrió la quema de 300 mil hectáreas. Esto significó que fue el año de mayor superficie afectada por los incendios de las últimas dos décadas. El área más castigada no es nueva: abarca el arco noroeste de la provincia, que agrupa, a su vez, la mayor parte de bosques nativos (monte chaqueño serrano) bajo legislación de conservación. En esta nota, Julieta Quirós –antropóloga, investigadora del Instituto de Antropología de Córdoba – CONICET, Museo de Antropología – UNC–, analiza cómo la magnitud de estos incendios reabrió la disputa social por definir sus causas, “naturales” vs. “políticas”, y reflexiona sobre los eco-etnocidios de la vida rural en campo cordobés no-pampeano.

Mientras el Ejecutivo de la provincia de Córdoba declaró, a fines de agosto de 2020, “Zona de Desastre Agropecuario” a las áreas afectadas por los incendios forestales, el activismo ambiental (re)emprendió la querella por re-calificar ese desastre en términos de ecocidio: “todos fuego es político”, afirmamos, por acción de grupos de interés y omisión gubernamental.

En este artículo argumento la necesidad, epistemológica y política, de ensanchar la implicancias políticas  y económicas de los incendios forestales, y en particular los horizontes de la noción de ecocidio, en pos de incluir a sus etnocidios, es decir: habilitar la pregunta sobre cuáles son las formas y posibilidades de vida rural que se matan o vulneran cuando se mata o deja morir a los bosques nativos cordobeses.

Para ello, sugiero realizar dos movimientos analíticos: por un lado, ampliar nuestra visión e imaginación sobre “qué es” –y qué formas de vida abriga- el monte nativo cordobés; por otro lado, ejercitar un tipo de pensamiento “lento”, siguiendo a la filósofa Isabelle Stengers, en al menos dos direcciones: a) estar dispuestos a (pre)asumir el carácter heterogéneo y contexto-dependiente, al interior mismo del noroeste cordobés, de las causas y condiciones que están en la base de los (distintos) incendios forestales; y b) explorar las causas estructurales de los incendios a través de un mapeo empírico de sus efectos. Una acción que requiere, necesariamente, de investigaciones situadas de mediano y largo plazo. En lo que sigue, ilustro parte de esta propuesta desde un área particular del oeste cordobés, el Valle de Traslasierra.

El monte también es gente: pluriactividad, precariedad y soberanía

Junto a otras áreas serranas, Traslasierra constituye uno de los principales destinos turísticos y atractivos paisajísticos de la provincia de Córdoba. De manera menos visible y menos oficial, esta región  también aloja a miles de familias campesinas o unidades de producción agropecuaria familiar, para quienes los bosques nativos no son sólo paisaje o patrimonio natural, sino un medio de (producción de la) vida. Entre otras cosas, de manera artesanal y mayoritariamente informal, estas familias son las responsables del abastecimiento de buena parte de los sabores que dan identidad y tradición cultural al circuito turístico transerrano: carne de cabrito, miel de monte, queso de cabra, hierbas aromáticas, pollo y huevo casero, por mencionar los principales.

Los modos de ganarse la vida de estas poblaciones rurales –llamadas pequeños productores o agricultores familiares por el Estado; campesinos o trabajadores de la tierra por las organizaciones sociales; gente de campo, habitualmente por ellxs mismxs– comparten varios rasgos con aquellos que despliegan los y las trabajadoras urbanas de la economía popular:

• Se desenvuelven en el ámbito de la economía informal, con vínculo ocasional o prácticamente nulo con los sistemas de previsión y seguridad social.
• Despliegan una creativa combinación de trabajos en distintos rubros o ramas, en un esquema de reproducción que la sociología rural suele llamar “pluriactividad”: la gente de campo de Traslasierra se gana la vida combinando labores agrarias dentro y fuera de su predio (cría de ganado para autoconsumo y venta de excedente; recolección y venta de aromáticas; cosecha y comercialización de leña; empleos temporarios en estancias agropecuarias y prestación de servicios rurales) y labores no agrarias (empleos temporarios en el sector de la construcción, en el sector turístico y de cuidados; emprendimientos y rebusques comerciales en las unidades domésticas, como quioscos, despensas, panaderías, venta de comidas y reventa de productos por catálogo).
• Y su vez, estas estrategias pluri-activas son altamente dinámicas; podría decir también “precarias”, pero este calificativo no debe oscurecer dos cuestiones fundamentales: primero, la dinámica de la pluriactividad es también una forma de estabilidad; y segundo, uno de los principales valores de los esquemas pluriactivos es la autonomía, o lo que propongo llamar soberanía sobre los modos de ganarse la vida: manejar tiempos y formas de trabajo, no depender de una única fuente de ingreso, no quedar preso a las condiciones de explotación o humillación que habilita, sobre todo en ámbitos rurales, la relación salarial bajo “un solo patrón”.

Incendios, ganadería extensiva y desposesión

¿Qué lugar e implicancias tienen los incendios para estas poblaciones y familias campesinas? Diremos que, en los hechos, facultan diversos procesos de desposesión. La desvalorización de sus tierras –con la potencial habilitación para el extractivismo inmobiliario– es uno de ellos. Sin embargo, en Traslasierra este proceso dista de ser lineal y generalizado. En primer lugar, el extractivismo inmobiliario de la zona está lejos de basarse o depender del fuego. En segundo lugar, la gente de campo no se desprende así nomás de su tierra, y menos porque ésta “se haya quemado”, ya que el clima estacional suele comportar una recomposición, también estacional, de las pasturas y arbustales. Existen, en este sentido, procesos de desposesión más inmediatos y generalizados: aquí quiero puntualizar uno de ellos, que atañe al lugar económico y ontológico del ganado.

El principal recurso que los incendios destruyen son los suelos, lo que implica ausencia de pasturas (es decir, alimento) para el ganado en el corto plazo. En segundo lugar, los incendios suelen destruir los alambrados perimetrales: sin alambrado el ganado pierde sus límites de pastura, lo cual abre la posibilidad de que se pierda en campos ajenos y/o sea fácilmente robado. La gente puede recurrir al encierro de los animales en los corrales, pero esto tiene un límite temporal acotado: dentro del corral hay que darles alimento suplementario (fardos de alfalfa comprados en el mercado), y en un esquema de ganadería extensiva –pastura a campo abierto– de baja escala, solo las familias más capitalizadas cuentan con margen para costear esa compra.

Una de las formas de afrontar la situación de estrés alimenticio en tiempos de sequía y/o ante incendio es reducir el número del ganado: vender animales para garantizar la compra de alimento para los que quedan. Esta venta implica un proceso de desposesión para las familias rurales, porque se vende ganado para poder alimentar (menos) ganado, y porque en tiempos de sequía el ganado sufre una depreciación, ya que el comprador aprovecha el apuro/necesidad del productor por deshacerse de animales.

Para entender cabalmente el significado de esta desposesión debemos explicitar que, en estas economías campesinas, el ganado cumple la función de capital: es decir, es el principal –cuando no único– respaldo monetario de los esquemas de pluriactividad. En condiciones oscilantes de ingresos monetarios o ante la necesidad de efectuar un gasto extraordinario –en caso de enfermedad, arreglo o compra de un vehículo, refacción de la casa, evento vital familiar como cumpleaños, casamiento o sepelio–, lxs productorxs recurren a la venta (conversión en dinero) de animal vivo o animal faenado (carne). En tanto capital, entonces, el ganado es uno de los pilares sobre los que descansa la estabilidad y soberanía de la gente de campo sobre cómo ganarse la vida. En sus efectos más inmediatos –pérdida de animales, mortandad, o venta para reducción de la tropa–, los incendios vulneran esa soberanía.

“No les interesan los campos”: política forestal, productividad y precaridad

En las localidades de Traslasierra, tanto durante como después de un incendio, es común escuchar un comentario social relativo a lo que suelen ser considerados “déficits” en el accionar de los cuerpos de bomberos voluntarios: “Todo esto se podría haber evitado”, “No nos dejan intervenir…”, “A los bomberos no les interesan los campos…” Esta crítica no es nunca homogénea ni unánimemente compartida. Sin embargo, la tomo en su parcialidad e “inexactitud” porque sintetiza –y es indicio de– una de las características de la política de abordaje de incendios forestales por parte del gobierno provincial. Como sabemos, esa política adolece de por lo menos 3 falencias estructurales:  a) los cuerpos de bomberos de la provincia son voluntarios y no rentados; b) técnicamente, sus protocolos de intervención no priorizan el abordaje de incendios forestales, sino la evitación/mitigación de peligro humano y daño civil; c) la principal tecnología para combatir el incendio propiamente forestal en zonas de alta densidad de vegetación (como es el monte chaqueño serrano) son los aviones hidrantes: un dispositivo cuya activación gubernamental es presupuestariamente siempre restringida e insuficiente.

Desde luego, la definición social y estatal de esta relación costo-beneficio descansa en el sub-valor (importancia) asignado a estos territorios. Desde la óptica desarrollista, el monte chaqueño cordobés (sujeto hoy a alto nivel de conservación en el marco de la “Ley de Bosques Nativos” Nro 9.814) es calificado como un territorio improductivo o infra-productivo. La crítica vecinal “A los bomberos no les interesan los campos” bien podría traducirse en “Al gobierno y la sociedad no les interesan nuestros campos”.

Adicionalmente, también sabemos, los incendios funcionan en la práctica como posibilidad de revertir ese sub-valor: los sectores agroganaderos e inmobiliarios pueden buscar y/o encontrar en bosques quemados oportunidades para habilitar –aun cuando la legislación provincial y nacional de conservación de bosques nativos técnicamente lo prohíba– cambios de uso de suelo, y tornar tierras “improductivas” en “productivas”. Como argumenta el geógrafo Joaquín Deón desde el CIECS, es muy difícil demostrar acción deliberada de estas corporaciones en el origen de un incendio forestal, pero lo que es fácticamente probable –probado en casos puntuales, y a investigar en muchos otros– es que donde hubo fuego, negocios quedan.

En este sentido, si los incendios forestales forman parte de las condiciones de precariedad en que se desenvuelve la labor agropecuaria familiar del noroeste cordobés durante la estación seca, podemos decir que la política gubernamental de su desatención forma parte de un conjunto de condiciones de precaridad, es decir, de precariedad políticamente inducida a las que son sistémicamente sometidos territorios y poblaciones rurales sub-valuados en términos de productividad.

Pero hay más: por un lado, la acción del lobby agroganadero e inmobiliario necesita ser mapeada en su variabilidad e inscripciones locales, ya que no opera de manera homogénea y estructural en todos los territorios. Por otro lado, es necesario considerar las relaciones y mediaciones que estas fuerzas macro-políticas –incluida la desatención gubernamental- establecen con algunas de las condiciones micro-políticas que están en el origen inmediato de distintos incendios, entre ellas: a) considerar que la quema intencional de pastizal o arbustal forma parte de las estrategias que la gente de campo ha movilizado históricamente para acelerar el rebrote de pasturas para el ganado; dicho de otro modo, la quema (antaño habilitada, hoy penalizada, pero siempre pasible de descontrolarse y devenir, indeliberadamente, incendio) es una estrategia tradicional de manejo de las condiciones de estrés (precariedad) que impone la estación seca; y b) la quema intencional constituye, también históricamente, una práctica política autóctona de manejo (tramitación y resolución) de conflictos (interpersonales, laborales, inter-familiares o comunitarios), y puede ser eventualmente movilizada en esa función.

Toda lectura propiamente política sobre los incendios forestales debe, por tanto, considerar la multiplicidad escalar de sus políticas en plural, como también sus modos de entrelazamiento, que pueden ser tan deliberados como emergentes.

A la par de ello, nuestro activismo ambiental necesita redoblar esfuerzos para simetrizar la defensa de lo nativo “natural” y lo nativo “humano” implicado en eso que llamamos “monte”. Hablar de los eco-etnocidios que dejan los incendios forestales puede ser un camino para tornar visible una de las formas de vulneración sistémica a los modos de vida (y de ganarse la vida) rural que guarda y propone la gente del campo cordobés no-pampeano.

Texto y fotos: Julieta Quirós
Antropóloga. Investigadora del Instituto de Antropología de Córdoba, CONICET – Museo de Antropología de la UNC.
Mail: juquiros@hotmail.com