Informe Red GEMAS
“El coronavirus agravó problemáticas que están desde antes”
En el marco de un segundo informe nacional realizado para conocer el impacto del Covid-19 en los Pueblos Originarios, un grupo de investigadores de la FFyH que integra la Red GEMAS elaboró el capítulo que registra la situación de estas comunidades en la Provincia de Córdoba en relación a la salud, la educación, la situación laboral, la relación con el Estado y los conflictos territoriales. El objetivo es conocer sus realidades a partir de la voz de sus protagonistas, a los fines de plantear y diseñar políticas públicas.
“El coronavirus agravó las problemáticas que ya están desde antes, las mismas no surgen por el coronavirus, la pandemia nos hizo dar cuenta de que no necesitamos asistencialismo, sino las cosas necesarias para nuestros proyectos y así poder tener libre determinación”, advierte una referente de Hijos del Sol Comechingon, una de las diecisiete comunidades originarias en Córdoba consultadas en el Segundo Informe que el Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas (Red GEMAS) elaboró para conocer y registrar el impacto social y elaborar propuestas de los Pueblos Originarios frente al aislamiento social obligatorio por COVID-19
El informe incluye datos proporcionados por familias, comunidades y organizaciones indígenas de las provincias de Córdoba, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Formosa, Mendoza y Buenos Aires, en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). La información relevada fue aportada durante la segunda quincena del mes de mayo y la primer semana de junio de 2020, por personas que se identifican a sí mismas como mapuche, mapuche-pehuenche, tehuelche, mapuche-tehuelche, selk’nam, haush y selk’nam-haush, qom, comechingon-kamiare, sanaviron y ranquel; y también –en el caso de las personas y familias migrantes– como diaguita, guaraní, comechingón/henia/camiare, wichi, aymara, quechua y kolla.
El capítulo cordobés fue elaborado por investigadores y docentes de la UNC y el Instituto de Culturas Aborígenes (ICA) que trabajan desde hace varios años con comunidades y organizaciones originarias en Córdoba. Dicho equipo está integrado por José María Bompadre (Secretario de Extensión de la FFyH/FCC/ICA), Carolina Álvarez Ávila (Dto. de Antropología de la FFyH e IDACOR-CONICET/Museo de Antropología, FFyH), Lucas Palladino (Dto. de Geografía, FFyH), Nayla Palacios (Dto. de Antropología, FFyH) y Marianela Stagnaro (ICA).
A través de entrevistas telefónicas e intercambio de textos escritos vía whatsapp y correo electrónico con referentes y/o autoridades de las comunidades, el informe releva información de comunidades que integran el Consejo Provincial Indígena de Córdoba, como de aquellas que, por diferentes motivos, no participan del mismo. Además de las comunidades, también fueron relevadas personas en contexto de migración que se autorreconocen como pertenecientes a un pueblo indígena.
“El objetivo de este trabajo es ofrecer información de primera mano –brindada por personas indígenas de las diferentes provincias– sobre los problemas de larga data que la cuarentena está profundizando, sobre aquellos otros que esta coyuntura generó y sobre propuestas y reflexiones que las comunidades y organizaciones aportan para resolverlos”, destacan lxs autorxs.
En este sentido, se plantearon tres propósitos para su realización: sistematizar la información relevada –permitiendo, a su vez, que se visibilice la enorme diversidad y las situaciones particulares– y arbitrar los medios para que la misma llegue a los organismos del Estado encargados de diseñar, gestionar y evaluar las políticas públicas, tanto a nivel nacional, como provincial y municipal.
“Nos moviliza el deseo de acompañar y difundir planteos, demandas, evaluaciones y propuestas forjadas por los pueblos originarios, que buscan abrir espacios para que otros modos de pensar, vivir y sentir puedan manifestarse y ser tenidos en cuenta, sin opacar las heterogeneidades locales, las distintas trayectorias ni las diferentes perspectivas de mundo”, señala el documento. “Además de estar dirigida a los funcionarios y funcionarias del Estado y a la administración pública en general, el último objetivo del informe consiste en contribuir con el proceso de articulación propia de los pueblos indígenas, ya que la información vertida en estas páginas facilita a las personas indígenas de distintas regiones la posibilidad de conocerse, acercarse y acompañar experiencias, conflictos, situaciones, pensares, saberes y sentires de hermanas y hermanos de otros lugares”, agregan lxs autorxs.
“La red GEMAS está integrada en su mayoría por investigadorxs y estudiantes de Antropología Social, pertenecientes a seis universidades argentinas que nuclean varios institutos de investigación: Universidad Nacional de Río Negro, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Universidad Nacional del Comahue y Universidad Nacional San Juan Bosco. Desde su conformación en 2008, la red trabaja con pueblos indígenas y, en menor medida, con otros grupos subalternizados que han sido construidos como alteridad”, destaca Bompadre a Alfilo.
Capítulo Córdoba
La revitalización de las identificaciones indígenas en Argentina interpelan el discurso hegemónico de una Argentina blanca “hija de los barcos” y, por ende, poblada por inmigrantes europeos. Para este grupo de investigadorxs esto “invita a reorientar las discusiones en otras coordenadas, que convergen en el reconocimiento de las modalidades diferenciales de acceso a la ciudadanía, como también a los alcances de los procesos de democratización y el papel que el Estado como nación tiene con ellos”.
Existe así un sistema jurídico específico para los pueblos indígenas, tanto de alcance nacional como provincial, que avanza en políticas de reconocimiento sobre la preexistencia étnica y cultural, sobre el respeto a la identidad y derechos específicos sobre la posesión y regulación de las “tierras” que ocupan y la participación en la gestión referida a recursos naturales u otras temáticas que los alcance, como se señala en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Sin embargo, la aplicación práctica de dichas normativas nacionales e internacionales genera conflictos, “especialmente en territorios atravesados por prácticas extractivistas vinculadas al avance de la sojización, el desmonte, los negocios inmobiliarios y el desarrollo de la minería, que afectan diferencialmente a las comunidades indígenas”, destaca el informe.
En la provincia de Córdoba, fundamentalmente a partir de fines de la década del 90, lxs investigadores reconocen “un proceso progresivo de conformación de comunidades indígenas que se autorreconocen como pertenecientes a los Pueblos Comechingón, Sanavirón y Ranquel. Dicho proceso se emplaza en un contexto particular, donde prevalecen discursos hegemónicos naturalizados en la sociedad cordobesa en general, que sostienen y argumentan que la extinción de los ‘indios’ aconteció desde finales de la época colonial y republicana (siglo XIX)”.
Aunque la discusión académica sobre fechas o períodos de la supuesta “desaparición” de los pueblos indígenas a partir de un proceso de mestizaje está lejos de agotarse, lo concreto es que dichos argumentos se utilizaron siempre para justificar la expropiación de los territorios indígenas otorgados por la corona española, y por ende invalidar el tutelaje de sus tierras comunitarias. “Varixs miembrxs de pueblos indígenas señalan que estas prácticas y políticas se mantuvieron a lo largo del siglo XX, propiciando la invisibilización de las poblaciones y comunidades originarias a través de acciones materiales y simbólicas, como por ejemplo la recurrente mención al blanqueamiento y europeización de la sociedad argentina promovida por el sistema educativo”, sostienen lxs autores en el informe. Esta contextualización histórica sirve para comprender algunas de las problemáticas reflejadas en el relevamiento.
El ASPO desnudó desigualdades históricas
El relevamiento aportó muchas coincidencias en los diagnósticos y dificultades identificadas por quienes accedieron a las entrevistas en las diferentes comunidades. “En líneas generales encontramos que la pandemia y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) han agravado las problemáticas ya existentes”, afirma el trabajo, que organizó la información en diferentes ejes temáticos.
En lo que concierne al impacto de la pandemia en la salud de estas poblaciones indígenas, la mayoría de las comunidades reportaron que no hubieron casos de Covid19 en sus localidades. En las excepciones (Chavascate, Tulián y Tay Pichin) los casos fueron aislados y no hubo personas de las comunidades infectadas. “Enfermarse de Covid-19 no parece ser una preocupación en sí misma, hay otras problemáticas previas y agudizadas con el ASPO”, dice el informe.
Por ejemplo, las restricciones para circular dificultaron la posibilidad de acceder a especialidades médicas y prácticas de salud complementarias, ya que en la mayoría de sus localidades sólo hay servicios de atención primaria o si hay otros son tercerizados y eso implica una erogación económica. Como se ha señalado en notas periodísticas y otras investigaciones académicas, una problemática previa e histórica es la preocupación por el dengue. La Isqon Killa, una de las comunidades consultadas, contó que “en el pueblo hubo muchos casos”.
Otro punto central recalcado por el referente del Consejo Provincial Indígenas de la comunidad Ticas, es que no se permite el aporte de la medicina ancestral al modelo médico hegemónico. A su vez una autoridad de una comunidad que solicitó figurar como anónimo, señaló la importancia que tiene la restitución por parte del Estado Nacional del programa que entrega medicamentos gratis a lxs jubiladxs.
Lo complejo de educar en la virtualidad
El informe no solo relevó la situación de lxs niñxs escolarizadxs, sino también la de varixs integrantes de las comunidades que son docentes. En este punto, hay comunidades que no tuvieron problemas en relación al acceso al dictado de las clases (especialmente las ubicadas en territorios urbanos), mientras que otras reconocen dificultades, especialmente por falta de conectividad, internet escasa o carencia de computadoras o celulares para conectarse, tanto para trabajar como para seguir con las propuestas de lxs docentes. “Las que sí cuentan con conectividad están pudiendo trabajar y seguir con el ciclo lectivo, y las que tienen problemas de conexión han buscado alguna salida alternativa. Por ejemplo, se reúnen en la casa de la curaca o en otras casas a estudiar porque no todxs tienen internet, computadora o celular”, señala el documento.
La referente de la comunidad Isqon Killa señala que si bien lxs niñxs tienen muchas tareas que realizar, lo “bueno” de la cuarentena «es que la familia está ahora más en la casa, y colabora con la tarea de la escuela, hay más diálogo y encuentro». Otra comunidad anónima destacó la importancia del Plan Conectar Igualdad que funcionó hasta 2015, ya que esa herramienta permitió a lxs niñxs y jóvenes acceder a computadoras, destacando la importancia de la presencia del Estado.
Territorios en disputa
En el actual escenario de aislamiento, del total de entrevistadxs la mayoría manifestó tener preocupaciones vinculadas al agravamiento de problemáticas territoriales, otrxs expresaron que se mantiene la situación de la misma manera que antes y una minoría señala que estas políticas permitieron potenciar el trabajo con organizaciones y redes de solidaridad.
De las problemáticas relevadas, en primer lugar se registran denuncias o manifestación de agravamiento de problemáticas en torno a la deforestación del bosque nativo, avasallamiento de sitios ancestrales y puesta en peligro de piezas arqueológicas, como efecto de la actividad inmobiliaria, actividad minera y especulación inmobiliaria. “Lxs entrevistadxs denuncian la falta de acciones locales, provinciales y nacionales en relación al cumplimiento de las leyes. El ASPO es señalado como una oportunidad para que diferentes actores sociales avancen ilegalmente sobre los territorios identificados como de pertenencia de las comunidades”, advierte el informe.
Muchas comunidades denuncian que la ley nacional N° 26.160 (de relevamiento de los territorios de las comunidades indígenas y que declara la emergencia territorial) no se aplica en la provincia de Córdoba y reclaman su implementación. También lo hacen en relación a la ley nacional N° 26.331 (sobre Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental al Bosque Nativo) y la ley nacional N°25.517 (de Restitución de Restos Mortales de Aborígenes).
Por último, una minoría destaca que estas políticas nacionales de confinamiento han derivado en el fortalecimiento de redes de organizaciones comunitarias, locales y regionales, con redes de intercambio de economía social y también acciones tendientes a defender el territorio.
El Estado, una relación conflictiva
“A partir del relevamiento, no observamos una clara articulación entre las políticas públicas de los diferentes niveles del Estado que permita asistir en iguales condiciones a las comunidades que tienen personería jurídica otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y aquellas que no la han podido obtener hasta el momento, o bien no la han solicitado”, asegura el trabajo. Incluso algunas comunidades que no cuentan con personería jurídica manifiestan que no siempre es fácil articular con el INAI.
De las comunidades relevadas, dos (Tay Pichin y Mampasacat) manifestaron una fuerte inserción en las localidades donde están ubicadas, incluso con vínculos con los municipios locales. Lo que también fue muy valorado por varios entrevistadxs es que durante el ASPO se concretó una articulación con organizaciones sociales, especialmente por la poca o nula ayuda que reciben del Estado.
Y en relación a las ayudas que reciben de los niveles estatales, muchxs miembrxs de las comunidades gestionaron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero algunxs aún no han podido cobrarlo, o directamente han sido rechazadxs por no cumplir con los requerimientos que se exigen. Otros planes sociales y ayudas que sí se siguieron cobrando son las AUH y AFH y, en algunos casos, pensiones. Algunos poseen la tarjeta alimentaria «pero es un aporte mínimo y la gente la pelea como puede», sostiene una referente de la comunidad Tulián, de San Marcos Sierra.
La información recolectada muestra que en otras comunidades parte de sus sueldos los paga el gobierno nacional en este momento y, en otros casos, la mitad de la comunidad que está escolarizada se alimenta en el PAICOR, como es el caso de Timoteo Reyna.
A pesar de estas ayudas, cabe destacar lo que señala unx de lxs referentes del Consejo Provincial Indígena de Córdoba respecto al INAI: “No ha habido ninguna política para los pueblos indígenas, ni en salud, ni en ayuda alimentaria, en absolutamente nada”.
Producir y alimentarse comunitariamente
Sobre la provisión de alimentos el informe señala que “se han fortalecido o surgido acciones estratégicas para hacerle frente al ASPO. Acciones hacia el interior de las comunidades como reunirse para hacer alimentos y/o comer todos juntos, y en algunos casos también para vender. Un punto destacado por la mayoría y que ayuda mucho en este contexto crítico e inédito a nivel mundial, es que la gran mayoría de las comunidades –urbanas y rurales- tienen huertas propias o comunitarias que les ayudan a subsistir, y algunas rurales crían animales.
Por último, en lo referido a la economía y la situación de trabajadores independientes e informales, casi la totalidad de lxs entrevistadxs manifiestan preocupación por sus economías, en tanto que sus actividades laborales están siendo seriamente afectadas por el ASPO: “Existe diversidad de situaciones, pero la mayoría expresó que sus integrantes sufrieron una reducción de trabajo o que se encuentran directamente desempleadxs desde el inicio del aislamiento y que las políticas de asistencia y subsidios estatales, en sus diferentes niveles, no fue ni está siendo suficiente, o directamente nunca llegaron”.
El aislamiento afecta también la posibilidad de brindar servicios, comercializar productos o conseguir insumos o materias primas para los emprendimientos familiares, ya sea por desabastecimiento en comercios locales o por problemas en la cadena de distribución regular de los mismos. Y entre quienes pudieron seguir desarrollando sus actividades, expresan una reducción de trabajo e ingresos, ya sea por tener menos ventas o por no poder salir a trabajar y desarrollar sus tareas. En tanto que lxs trabajadorxs en relación de dependencia, la situación general es que perciben sus ingresos habituales, aunque en algunos casos los salarios se vieron disminuidos.
Si la pandemia “mostró lo que somos”, como dijo el cantautor cubano Silvio Rodríguez, la foto que nos revela la realidad de los pueblos indígenas en Argentina no es para sentirse orgullosos.
Comunidades relevadas
Se consultaron autoridades y referentes de las siguientes comunidades respetando sus autoadscripciones:
- Comunidad indígena “Hijos del Sol comechingón”. Dolores, San Esteban. Departamento Punilla.
- Comunidad Lusan Kalahuala. Ciudad de Córdoba, Departamento Capital.
- Comunidad Comechingon Ticas. Bialet Massé (Departamento Punilla) y San Carlos Minas (Departamento Minas). Su naguan, Aldo Gómez, es representante Provincial del CPI.
- Comunidad Isqon Killa Nueve Lunas, Pueblo Nación Camiare. Dolores/San Esteban, Departamento de Punilla.
- Comunidad indígena Tulián. San Marcos Sierras, Departamento Cruz del Eje.
- Comunidad Tay Pichin. San Marcos Sierras, Departamento Cruz del Eje.
- Comunidad Comechingón Pueblo de La Toma. Ciudad de Córdoba, Departamento Capital. -Comunidad rural comechingón Arabela. Dolores/San Esteban, Departamento Punilla.
- Comunidad comechingón Quisquisacate Curaca Lino Acevedo. Ciudad de Córdoba, Departamento Capital.
- Comunidad comechingón Pacha Huayra. Deán Funes y área rural, Departamento Ischilín.
- Comunidad comechingón Paravachasca. Alta Gracia y área rural próxima. Departamento Santa María.
- Comunidad Camiare-Comechingón Timoteo Reyna. Santa María de Punilla y Cosquín (Departamento Punilla), Villa Cerro Azul (Departamento Colón) y ciudad de Córdoba, (Departamento Capital).
- Comunidad ranquel Ramón Cabral El platero. Del Campillo, Departamento Julio A. Roca.
- Comunidad sanavirona Mampasacat. San José de la Dormida, Departamento Tulumba.
- Comunidad indígena del Chavascate. Villa Cerro Azul, Departamento Colón.
- Dos Comunidades comechingón que manifiestan querer aparecer anónimas.
Se realizó consulta a personas pertenecientes a pueblos originarios de Córdoba, distintas provincias argentinas y de países limítrofes, no comunalizadxs, que residen en Córdoba y alrededores respetando sus autoadscripciones: diaguitas, guaraníes, comechingón/ henia/ camiare, wichi, aymara, quechuas.
Informes completos
Informe de Pueblos Originarios en Córdoba: https://gemasmemoria.com/2020/06/18/2172/
Link al Informe general del GEMAS:
Por Camilo Ratti
Fotos: gentileza Red GEMAS