Crimen de Estado

La imagen de un guardapolvo blanco, impresa en una tela, desplegada a lo largo de la entrada principal del Museo de Antropologías, interpela a los transeúntes. Debajo de esa imagen, en las escalinatas del ingreso, se lee: “Corríamos con Romina desesperadas a los brazos de mi hermana, estábamos en la escuela. Quedé parada, sola, ellas inconscientes en el piso. Mi hermana perdió dedos de una mano. Romina la vida. Éramos adolescentes y muy unidas. Aún conservo el guardapolvos que tenía en ese momento”. Con estas palabras Marina Moreno recuerda a Romina Torres (15 años): una de las siete víctimas fatales de aquel 3 de noviembre de 1995.

La fotografía es parte de la muestra y el libro “Abrazos Partidos”, de Sebastián Salguero, que se exponen hasta fines de noviembre, en el Museo de Antropologías. Una muestra que resultó el marco propicio para dar lugar a un conversatorio, donde se logró interpelar la historia de nuestro pasado reciente y resignificar la memoria.

Así, bajo un clima de evocación y respeto, la gente colmó la capacidad de planta baja del Museo. Algunas personas de Río Tercero, víctimas directas de esta tragedia, se hicieron presentes para ser parte de la actividad. Y antes de dar inicio al conversatorio, un silencio expectante se produjo en toda en la sala.

La directora del Museo, Fabiola Heredia, brindó una cálida bienvenida. Después, tomó la palabra a la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Flavia Dezzutto. “Resulta significativo que esta sea la primera actividad, después de 27 años, donde Córdoba Capital hace una ejercicio de memoria sobre la tragedia que se vivió en Río Tercero. Necesitamos recordar que no fue un accidente”, dijo. “Que existió una responsabilidad política por parte del Estado Argentino. Es necesario exigir una reparación histórica, e inscribir este hecho dentro de los procesos de lucha de Memoria, Verdad y Justicia”. 

Luego, Ludmila Da Silva Catela hizo lectura de un texto preciso, donde enfatizó sobre las prácticas siniestras que pueden llevarse cabo desde el poder estatal. La antropóloga calificó lo sucedido en Río Tercero, como un “crimen de Estado”. Y recordó cómo, a escasas horas de haberse producido la explosión de la Fábrica Militar, en una conferencia de prensa, el entonces presidente Carlos Saúl Menem expresó: “Se trata de un accidente y no de un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra, no entrar a dudar sobre lo que estamos diciendo”. En ese momento, lo secundaba el Gobernador de la Provincia de Córdoba, Ramón Mestre, quien en sintonía también reafirmó: “Esto es fundamental, que los medios de difusión de nuestra provincia y del país descarte totalmente de que esto se trate de un atentado. Esto ha sido un lamentable accidente y hay que aceptarlo de esta manera”.

Ludmila Da Silva Catela subrayó que todo esto sucedió en 1995, plena democracia. “Dirigentes políticos mintiendo frente a las cámaras, reproduciendo mecanismos similares, aprendidos en dictadura. Instalando una idea para ocultar un verdadero crimen de Estado”, dijo.

“Controlar las palabras, darle un sentido opuesto a lo sucedido, usar eufemismos para ocultar la verdad. Mecanismos que en épocas dictatoriales o en períodos democráticos tienen un historial en el devenir del Estado Nación, que desde su constitución ha utilizado la violencia para ocultar, justificar, invisibilizar sus acciones clandestinas”, explicó. “La historia está llena de dichos y eventos, desde la Patagonia Trágica, pasando por la masacre de Napalpi, el bombardeo a la Plaza de Mayo, la dictadura militar y la explosión de una ciudad entera como Río Tercero”, dijo. “Con la frase ´Esto ha sido un accidente´ se intentó imponer una visión desde el Estado”.

Más adelante, Ludmila Da Silva Catela se quebró de emoción al leer los nombres completos de las siete personas que perdieron la vida, aquel 3 de noviembre de 1995: “Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmaso, Elena Rivas de Quiroga, José Varela”.

Recordó a su vez el centenar de personas heridas y toda una ciudad afectada por el trauma de una guerra que no fue tal, sino que sufrió un crimen propiciado por el Estado. “Un Estado que debía protegerlas y cuidarlas”, dijo. “No fue un accidente. Tampoco fue un atentado. Fue un crimen de lesa humanidad”.

“Una vez más el Estado usó la violencia para tapar y borrar sus delitos clandestinos. En este caso la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Hubo un juicio, que terminó con cuatro condenados. Condenas que quedaron firmes en el 2021 por determinación de la Corte: el director de la Fábrica Militar, Jorge Antonio Cornejo Torino, el director de Producción, Carlos Franke y el entonces director de Coordinación Empresaria, Edberto Gónzalez de la Vega, quienes recibieron 13 años de prisión; y Marcelo Gatto, entonces jefe de Producción Mecánica, que recibió 10 años. Fueron condenados por ´estrago doloso agravado por la muerte de personas´. El máximo responsable, el presidente elegido por el voto popular, Carlos Menem, fue citado a declarar el 24 de febrero de 2021. Murió diez días antes de ser juzgado. Esa justicia llegó tarde. Sin embargo, el intendente de Rio Tercero decretó dos medidas reparatorias que impactaron por su simbolismo: la primera, que la ciudad no guardaría duelo por la muerte de Menem. La segunda: la declaración de persona no grata, lo que implicaba que jamás se utilizaría su nombre para ninguna calle, plaza o monumento en su recuerdo”.

Al cierre de la lectura, la antropóloga expresó su anhelo de que las fotografías de Sebastián Salguero, alojadas en el Museo de Antropologías, inviten a reflexionar sobre: ¿Cómo fue posible? “Ojalá podamos conmovernos y transformar el sufrimiento que nos provoca confrontarnos con este acto criminal del Estado, en una herramienta política, en este presente”.

Finalmente, el público desencadenó nudos de emoción –algunas personas hasta las lágrimas–, cuando la comunicadora social riotercesense, Fernanda Juárez, tomó el micrófono y leyó un texto tan profundo, como conmovedor. Una pieza que recrea el tenso clima político, económico y social que vivía la Argentina, durante los años noventa. “La idea del estallido sobrevolaba esa década”, dijo. “Algo podía estallar”.

Bajo el título “Cuando el Estado mata”, compartimos aquí, el texto completo.

Cuando el Estado mata

 ^{Por Fernanda Juárez}

Pasaron 27 años desde aquel 3 de noviembre de 1995, cuando en la ciudad de Río Tercero explotaron los depósitos de proyectiles de la Fábrica Militar, llevándose la vida de siete personas, más de trescientos heridos, provocando estragos materiales que incluyeron la destrucción de viviendas, escuelas, negocios y un daño psicológico y moral inconmensurable en toda la población.

El lenguaje de las explosiones

Después de décadas de lucha de los familiares de las víctimas y de grupos de la sociedad civil organizados para reclamar por verdad y justicia, los rioterceenses supimos –a través de sentencias judiciales y un sinfín de peritajes– que este hecho ominoso “No fue un accidente”, sino que fue un acto intencional. Alguien accionó para que esos depósitos de armamento se prendieran fuego y explotaran. La denominación de ese acontecimiento se encuentra aún en territorio de disputas semánticas: “explosiones”, “atentado”, “voladura”, “estallido”, “sabotaje”, “terrorismo de Estado”.

Algo podía estallar

La Fábrica Militar de Río Tercero –creada en 1943– es una de las principales industrias de la ciudad y, en torno a la cual, se organizó el crecimiento de esa localidad. La propia identidad de Río Tercero, como ciudad industrial y pujante, se construyó en torno al desarrollo de la Fábrica Militar.

La destrucción de ese establecimiento tenía, indudablemente, connotaciones particulares en la década de 1990 cuando el Estado proponía privatizaciones, despidos de empleados y destrucción del aparato productivo estatal. Podría decirse que la historia de Río Tercero es una muestra, en diminuto, de la historia del país. Como un retazo de tela nos resulta suficiente para comprender el paño completo, porque tiene la textura, el diseño, la trama, todos los componentes de la pieza original.

En el año 1995, esas explosiones ubicaron a Río Tercero en el centro de la escena nacional. Río Tercero se convirtió, entonces, en un nombre recordado por esa explosión. Ese 3 de noviembre hacía mucho calor. En el aire estaba presente la sensación de que en cualquier momento algo podía explotar. Después lo supimos: ese viento de noviembre, era un viento caliente y trágico.

La idea del estallido sobrevolaba la década del noventa. Se respiraba en el aire: algo podía estallar ¿Cuáles fueron los estallidos de esa década? Cutral-Có, Corrientes, Jujuy, los piqueteros, Tartagal, junto con miles de explosiones replicadas, a menor escala, en cada rincón de la Argentina. En algún sentido, esos estallidos sociales –que van a desembocar en el 19 y 20 de diciembre de 2001–, constituyen nuestra experiencia en esa década: volaban piedras, se encendía una olla popular, se cortaba una ruta, un puente, había piquetes en las calles, se apostaban las fuerzas de seguridad con escudos y vallas. Ese hilo del estallido recorrió toda la época.

También las explosiones estaban en el lenguaje de la década de 1990: el atentado a la Embajada de Israel (1992) y a la Amia (1994) fueron explosiones que sacudieron a la sociedad y que, con el tiempo, pudieron ser reconocidas como “atentado” o “acto terrorista”. Ambos acontecimientos tuvieron una centralidad, en términos geográficos y de ubicación del poder. Pero hubo una tercera explosión, en esa cadena, que quedó en un limbo inclasificable: “Fábrica Militar de Río Tercero”.

¿Qué versión tenía el Estado? ¿Cuál fue la narración que propuso para que la sociedad asimilara, comprendiera lo sucedido en Río Tercero? Las palabras salieron del presidente Carlos Saúl Menem en la conferencia de prensa que dio a pocas horas de producido el desastre: “Ustedes tienen la obligación de decir que esto fue un accidente”. Años más tarde, a la salida de una citación judicial, el ex mandatario –al ser consultado sobre sus dichos en aquel entonces– iba a completar la idea con una pregunta siniestra: “¿Y qué otra cosa iba a decir?” Fuerzas ficticias que necesita el poder: son las narraciones para poder actuar, el sustrato para la acción estatal. El Estado narra. Ejercer el poder político es también imponer una manera de contar la realidad.

Contrarrelatos

Los argentinos hemos aprendido, a partir de nuestra experiencia del pasado reciente, que hay siempre una versión de los vencidos. Son tramas de versiones que funcionan como alternativa al relato estatal. Un rumor conectado con una verdad. Esos contrarrelatos son formas de resistencia a las poderosas fuerzas narrativas del Estado. Y sabemos que en un principio solo se escuchan rumores: “Hay un fusilado que vive”, “se llevaron a nuestros hijos”, “les aplicaron la ley de fuga”, “alguien inició intencionalmente las explosiones”.

¿Cómo funcionaron esos contrarrelatos en Río Tercero? Primero, estuvieron las voces de los familiares de las víctimas. Recordamos, entonces, la figura de Ana “Coca” Gritti, abogada y esposa de Hoder Dalmasso, una de las víctimas y quien enfrentó con valentía a las políticas del olvido. También las multitudinarias marchas que comenzaron a organizarse en la ciudad y que, sugestivamente, –ante el aturdimiento de las explosiones– llevaron el nombre de “Marchas del silencio”. Los movimientos de artistas de la ciudad, como “Río Tercero, cauce común”; los espacios de memoria, la construcción de un sendero autoguiado en barrio Las Violetas; la película Esquirlas, de Natalia Garayalde; la recuperación del Centro Cultural Casino con la experiencia 3/11; el proyecto “Oh mi casa” que reúne un archivo colectivo digital con imágenes de la tragedia, la calle 3 de noviembre, el proyecto periodístico digital Onda expansiva, la plazoleta de la Evocación; el libro “Abrazos Partidos” de Sebastián Salguero.

También los obreros que fueron imputados en ese supuesto “accidente” tuvieron que resistir ante el señalamiento de la justicia y elaborar su contrarrelato. La figura de Omar Gaviglio, uno de los operarios responsables de esos depósitos donde se almacenaban los proyectiles, es imprescindible para comprender cómo sucedieron los hechos. Y esa filmación casera, realizada con los elementos que este hombre tenía a mano en el garaje de su casa, es la demostración contundente y conmovedora de una verdad irrebatible. En esa pericia casera, Gaviglio desmantela la farsa: el trotyl en barra no se enciende ni con una chispa de un montacarga, ni con el descuido de una colilla de cigarrillo. Alguien, con conocimientos en el manejo de explosivos accionó un mecanismo para desatar la explosión. En este sentido, el testimonio es revelador. Los obreros de la fábrica se ocupaban de “maquillar” las municiones. Borraban marcas de origen, pintaban las bombas. Esas armas fueron traficadas ilegalmente a Ecuador, una zona que estaba en conflicto bélico y donde el Estado argentino se había comprometido como garante de paz. Las armas también fueron vendidas ilegalmente a Croacia, en el marco de la guerra de los Balcanes. Río Tercero, entonces, se convirtió en un centro operativo que fabricaba armas para ser vendidas ilegalmente.

Un hilo de pólvora vino a unir las secuencias de esta devastación con el lenguaje del fraude y la simulación: “contrabando de armas”, “encubrimiento”, “corrupción”. La comunidad de Río Tercero experimentó –con la violencia de una descarga y la potencia destructiva del fuego– los efectos de las políticas pergeñadas por el entonces presidente Carlos Saúl Menem. O sea, cuando decimos “Las explosiones de Río Tercero”, en realidad, estamos nombrando un acto de terrorismo de Estado. Un gobierno encendiendo una mecha contra la población civil. El Estado utilizando sus recursos para matar, aniquilar, a una población.

Dos décadas después, iba a quedar finalmente demostrado mediante una sentencia judicial: Las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero fueron provocadas intencionalmente con el objetivo de ocultar un faltante por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Se prendieron fuego los depósitos de la Fábrica para ocultar que miles de proyectiles, granadas, obuses, ametralladoras y pistolas habían sido vendidos ilegalmente y ya no se encontraban en ese lugar. Borrar una prueba, ocultar un vacío.

Lo supimos gracias a lucha de la sociedad civil organizada, la resistencia de la sociedad frente a un Estado todo poderoso capaz de asesinar, planificar un atentado, perpetrarlo y luego borrar las huellas, a punto tal que finalmente los responsables máximos de esta masacre no sean declarados culpables.

Los argentinos sabemos todo lo que puede hacer un Estado criminal –especialmente, después del terrorismo de Estado implantado en la última dictadura–, pero también sabemos todo lo que puede una sociedad organizada para demostrar la verdad, investigar y reclamar justicia.

Sobre  el final del conversatorio, Sebastián Salguero –autor del libro “Abrazos Partidos”–, relató el largo proceso que transitó al trabajar con imágenes y evocaciones personales, sobre lo ocurrido en la ciudad de Río Tercero. “Fue una tarea de encuentros, relatos con familiares y personas amigas de las víctimas, donde muchas veces la herramienta de la fotografía no pudo abarcar todo el daño y el dolor de lo sucedido”, dijo. Un trabajo que de manera sentida, fue reconocido con palabras de afecto por las personas de Río Tercero que viajaron especialmente para estar presentes en la actividad, y que a su vez destacaron la tarea de visibilización y el compromiso del fotógrafo, a lo largo de los últimos años.

Organizada de manera conjunta por el Museo Antropologías de la UNC y la Municipalidad de Río Tercero, la muestra“No fue un accidente” se encuentra abierta al público y puede visitarse durante todo el mes de noviembre.

• Leer texto completo de Ludmila Da Silva Catela. No fue un accidente. Fue un crimen de Estado.