Trabajo de campo #9 / Agustín Villarreal  

Mirar la cárcel: un espacio socialmente invisible

Lo que ocurre en la cárcel no sólo afecta a quienes están detenidos, sino que también habla de cómo nuestra sociedad gestiona el castigo, la desigualdad y los conflictos. En el marco del tratamiento de un nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina, compartimos una nueva entrega de Trabajo de campo, esta vez, junto a Agustín Villarreal, quien desarrolla su investigación junto a poblaciones carcelarias de Córdoba.


Agustín Villarreal es becario postdoctoral del CONICET en el Instituto de Antropología de Córdoba, donde integra el Núcleo de Antropología, Muerte y Política. Desde 2026 coordina, además, un proyecto de cooperación con el Comité Nacional de para la Prevención de la Tortura, a partir de un convenio establecido con la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC.

El antropólogo desarrolla su investigación junto a poblaciones carcelarias de Córdoba y sus familiares. Se interesa por indagar en las muertes que ocurren en las cárceles y que el Estado define como “suicidios”. Lo que ocurre en la cárcel no sólo afecta a quienes están detenidos, sino que también habla de cómo nuestra sociedad gestiona el castigo, la desigualdad y los conflictos.

A partir del trabajo de campo de Agustín, conocemos más sobre el aporte que la antropología puede hacer en la gestión de los conflictos sociales y en materia de políticas públicas, en el marco del tratamiento de un nuevo Régimen Penal Juvenil que se trata durante esta jornada en el Senado. 

¿A dónde se sitúa tu trabajo de campo, en qué espacio y/o con qué comunidades?

Mi trabajo de campo se sitúa dentro de las cárceles de la provincia de Córdoba y en los diversos espacios que orbitan alrededor de ellas: las casas de las familias de las personas detenidas, las filas de las visitas, las marchas por pedidos de justicia, las oficinas judiciales, las reuniones y encuentros entre activistas o los trayectos cotidianos que hacen las personas que tienen familiares detenidos. 

A lo largo de mi investigación, he trabajado principalmente con familiares de personas privadas de la libertad y con familiares de jóvenes que murieron en la cárcel en circunstancias que la institución carcelaria calificó como suicidios, pero que son denunciadas como muertes evitables o producidas directamente por la violencia institucional. Además realizo trabajo de campo con personas que están o estuvieron detenidas, así como con activistas, abogados/as y las y los diversos agentes estatales implicados en la gestión carcelaria. 

Esto significa que la comunidad con la que investigo no es solo la “población carcelaria”, sino una red mucho más amplia de personas cuyas vidas están atravesadas por la cárcel, incluso estando fuera de ella. 


¿Cuál es el tema de investigación o lo que te interesa abordar o preguntarte en o sobre este campo?, ¿por qué lo considerás relevante?

A simple vista mi investigación se pregunta por algo que parece muy concreto: las muertes que ocurren en las cárceles y que el Estado define como “suicidios”. Pero en realidad las preguntas son más profundas: ¿Cómo se producen las muertes en las cárceles de Córdoba? ¿Quién decide qué versión es verdadera? ¿Qué sucede cuando las familias hablan de que sus hijos fueron “suicidados”? 

Desde mi tesis doctoral, y también en mi investigación postdoctoral, me interesa entender cómo se construyen las verdades sobre la muerte en los contextos de encierro y cómo esas verdades son disputadas. Porque a partir de la muerte de una persona en la cárcel no sólo está en juego una investigación judicial, sino también la responsabilidad estatal, la legitimidad de las instituciones y el valor que les damos (o no?) a ciertas vidas. 

Mirar la cárcel y lo que sucede allí es importante porque justamente es un espacio socialmente invisible. Creemos que lo que ocurre allí dentro afecta sólo a quienes están detenidos pero en realidad habla de cómo nuestra sociedad gestiona el castigo, la desigualdad y los conflictos.

Además, la antropología nos aporta herramientas para entender que las categorías no son neutrales. Por ejemplo, decir “suicidio”, no es sólo describir una causa de muerte: es una clasificación que tiene efectos morales y políticos. Puede clausurar investigaciones, limitar responsabilidades o definir quién es considerado como víctima.

Desde el Núcleo de Antropología, Muerte y Política del que formo parte nos interesa pensar en el potencial político de nuestros trabajos antropológicos. Es decir, cuando investigamos la cárcel, la policía o el sistema judicial, no nos interpela solamente la descripción de las problemáticas que ahí suceden,  sino también elaborar preguntas, evidencias y, muchas veces, denuncias judiciales y públicas con las personas con las que trabajamos. Pero sobre todo, nos interesa algo más amplio que es imaginar otros modos de gestionar los conflictos sociales.


En ese sentido, considerando que la antropología puede aportar a la gestión de los conflictos sociales y a los debates actuales, ¿qué lectura hacés, desde tu investigación, sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil que incluye bajar la edad de imputabilidad y que se trata este viernes en el Senado?

Cuando aparece la pregunta ¿qué hacemos con los jóvenes que cometen delitos?, desde la antropología, nos proponemos hacer otras preguntas: ¿Qué sabemos realmente sobre lo que el sistema penal hace en la vida de las personas? ¿Qué efecto tiene en sus trayectorias ? ¿Cuáles son los efectos reales de esas políticas punitivas? 

Lo que muestra el trabajo que venimos desarrollando es que el sistema penal se expande principalmente sobre sectores sociales que ya están vulnerados y atravesados por múltiples violencias. Y también muestra que el encierro no resuelve los conflictos que dice resolver, sino que muchas veces los agrava. El sistema penal aparece al final de una cadena de desigualdades que termina en muertes o en suicidios.  

Por eso es necesario pensar la complejidad de los conflictos sociales y ampliar el horizonte de respuestas posibles. La gestión de esos conflictos no tiene por qué reducirse solamente al castigo penal. Existen respuestas comunitarias, sociales e incluso judiciales, que muchas veces quedan invisibilizadas cuando el debate se organiza alrededor del miedo. 

Muchas de esas respuestas, cuando son respetuosas de los derechos de las infancias y las juventudes, no sólo son más justas, sino que también son más eficaces que el encierro para reducir la violencia y evitar que los conflictos se profundicen.


Conocé más sobre el trabajo de Agustín:

→ Tesis doctoral: A mi hijo lo suicidaron : una etnografía sobre muertes en cárceles de Córdoba.
→ Artículo: Morir en la cárcel de Córdoba. Un análisis etnográfico sobre supuestos suicidios en establecimientos penitenciarios.
→ En los medios: Ley Penal Juvenil: solo el 0,01% de los menores ingresó a la Justicia en 2024, según la Corte Suprema.
→ En los medios: Baja de la edad de imputabilidad: ¿El punitivismo es una trampa sin salida?