“Yo se lo voy a porfiar a todo el mundo, mi hijo no se suicidó”: a dos años de la muerte de Luciano Mamondes

A dos años de la muerte de Luciano Mamonde en el complejo carcelario de Bouwer, recomenzaron las pericias psico-sociales luego de que cerraran la investigación, el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura se expidiera en contra y exigieran la agilización de los procesos.

Por Agustín Villarreal para La tinta

Luciano cumplía su condena de 15 años en la cárcel de Cruz del Eje. Estaba allí desde hacía un año, luego de ser trasladado desde el Establecimiento Penitenciario N° 1, en la localidad de Bouwer. El 3 de septiembre de 2019, fue llevado al Hospital Córdoba luego de ser herido en una pelea con otros compañeros de pabellón. Tenía posibilidades de perder el brazo. Cuando sus padres pudieron ir a visitarlo, se quedaron esperando la información sobre el estado de salud de su hijo, pero nunca los recibió ningún médico. Sin embargo, con custodia de por medio, pudieron verlo y hablar con él. Quedaron en encontrarse nuevamente el fin de semana. “Quería que le lleváramos el super entero con tantas cosas que nos pedía”, cuenta Norma, su mamá. Cada vez que habla de él, frunce el ceño para que salgan sus lágrimas y ríe tímidamente cuando cuenta alguna anécdota de la picardía de Lucianito. 

La tarde del sábado 7 de septiembre, llamaron desde el complejo carcelario de Bouwer. Del otro lado, estaba Luciano. Les explicó que lo habían trasladado allí y que seguía en observación en la enfermería. Luciano tenía un hijo pequeño y les pidió a sus papás que el lunes, cuando vayan a visitarlo, se lo llevaran. Ellos lo notaron contento por la visita programada para la semana siguiente. Desde hacía un año pedía el traslado a Córdoba, quería estar más cerca de su familia. Norma viajaba más de tres horas desde Alta Gracia para poder llevar el bagayo y visitarlo un puñado de horas. La rutina no se podía repetir todas las semanas. Ingresar a la cárcel con las manos vacías no es algo que los familiares de los privados de la libertad se puedan permitir. 

La comunicación telefónica del domingo a la madrugada la recibió Raúl, su papá. El impacto de la noticia se escuchó luego de la seca pregunta por si estaba solo, desde el otro lado del teléfono. No hubo muchos detalles, únicamente la noticia de que Luciano se había suicidado esa noche. Lo invitaban a reconocer el cuerpo de su hijo en la morgue judicial al otro día. Se quedó toda la noche en vela y en silencio, buscando entender de qué manera esa noticia iba a ser narrada a su compañera e hijas.

A partir de esa mañana, la familia comenzó el peregrinaje judicial para comprender lo que había sucedido esa noche con Luciano. Según la versión brindada desde el Servicio Penitenciario, la muerte se produjo por asfixia mecánica luego de ahorcarse en el baño de la enfermería. Sin embargo, la familia repasa cada uno de los llamados y la visita en el hospital. Recuerdan las palabras de Luciano, el listado de cosas que les pedía para la visita del lunes, las ganas de ver a su hijo y el pedido insistente para que fuera llevado a Bouwer. Algo no cierra, si tenía el brazo inmovilizado, ¿cómo haría para ahorcarse? “Se lo voy a porfiar a todo el mundo, mi hijo no se suicidó“. 

Avances en la investigación judicial 

La investigación está a cargo de la Fiscalía del Distrito 1, turno 6 de la ciudad de Córdoba. Según los testigos, encontraron a Luciano arrodillado y sujetado del cuello desde la grifería del baño a menos de un metro de altura. La hipótesis judicial siempre fue la del suicidio. Luego de dos meses de que la carátula del expediente haya sido “Muerte por Etiología Dudosa”, desde la fiscalía decidieron finalizar la investigación y archivar la causa. El abogado Federico Gallardo patrocina a la familia para investigar el deceso de Luciano. Una de las primeras acciones fue impedir que se archive la causa, presentando una oposición al decreto de archivo. Tanto el Juzgado de Control N° 2, como la Fiscalía de Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba preponderaron el reclamo. Para Federico, que ambas dependencias hayan coincidido en reabrir la causa demuestra la posibilidad de que exista responsabilidad del Estado.

Del mismo modo, el Comité Nacional Contra la Tortura (CNPT), a través de conversaciones con la querella y en el marco del seguimiento del caso, elevó una nota hacia el fiscal general de la provincia de Córdoba. En esta, expresaba la preocupación por la falta de respaldo probatorio para archivar la causa, como así también la falta de aplicación de protocolos internacionales frente a las muertes potencialmente ilícitas. Tanto el abogado de la familia como el CNPT coinciden en la necesidad de aplicar en la investigación los estándares y principios internacionales, para esclarecer las muertes que ocurren bajo la custodia del Estado.

La ya acostumbrada burocracia judicial desaceleró los tiempos para lograr avances en la pesquisa. Sin embargo, desde CNPT, solicitan proceder sin demoras en la investigación, a pesar de las resoluciones que obligan a la Fiscalía a continuar investigando y las solicitudes de la querella de impulso procesal, dando cuenta de la importancia de la agilidad para avanzar en este tipo de causas.

A dos años de la muerte, recién en septiembre de este año, comenzaron a diligenciarse las pruebas ofrecidas por el abogado querellante. Se inició con la autopsia psico-social que, a través de entrevistas a su círculo íntimo más cercano, busca comprender la estructura psicológica y la salud mental de Luciano antes de que ocurriera su muerte. Para el abogado, lograr llegar a esta instancia permite pensar en la importancia política y jurídica de esta causa para que las muertes en contextos de encierro se investiguen con mayor claridad y celeridad.  

“Ellos dicen que se ahorcó” 

En la provincia de Córdoba, a principios de 2019, se produjo una huelga de hambre en el establecimiento penitenciario N° 3 para mujeres luego de una serie de muertes, que algunas de ellas fueron enunciadas como suicidios. Los últimos datos publicados por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) en el 2019 daban cuenta de un aumento de la población penitenciaria en la provincia, sin embargo, no existe información estadística sobre la cantidad de muertes que se han producido en los últimos años.

Desde Núcleo de Antropología de la Violencia, Muerte y Política del Museo de Antropología e Idacor (Conicet), venimos acompañando a familiares e investigando los casos de violencia institucional que ocurren en la provincia de Córdoba. En el caso de las muertes ocurridas al interior de las prisiones, las madres denuncian que la burocracia judicial ralentiza las investigaciones y, en la mayoría de los casos, se produce el cierre de las causas judiciales sin saber qué sucedió con esas muertes. Incluso, organismos internacionales han expresado su preocupación por las muertes en contextos de encierro que son tratadas como suicidios en Argentina y la falta de investigación para aclararlas y deducir responsabilidades. 

“Cada día parece que es peor“, describe Norma cuando habla de la muerte de Luciano. Los relatos de los familiares están plagados de dolor, impotencias y maltratos. No solo deben enfrentar la muerte de sus hijos, deben también atravesar las crueldades de las instituciones estatales que desligan responsabilidades y gestionan las muertes (y vidas) de sus hijos.

Independientemente a que lo sucedido con Luciano haya sido un asesinato, la mayoría de las muertes que ocurren en contextos de encierro son adjudicadas como suicidios, no se investigan y las causas son cerradas y archivadas. En este caso, lograr reabrir la causa para investigar con pericias de partes y expertos demuestra que es posible y necesario politizar las muertes que ocurren en estos espacios. De lo contrario, la cárcel seguirá funcionando como gestor de dolor de los sectores populares.

*Por Agustín Villarreal becario doctoral IDACOR, CONICET - Museo de Antropología, UNC para La tinta

Imagen de portada: La Nueva Mañana.