El primer día se desarrollaron mesas de diálogo con familiares de víctimas de violencia institucional, quienes compartieron sus experiencias y recorridos activistas. El intercambio permitió poner en común dificultades, estrategias y aprendizajes construidos a lo largo de sus procesos de lucha y de búsqueda de justicia.

Entre las cuestiones que atravesaron las conversaciones estuvieron los obstáculos que encuentran las familias en las distintas instancias judiciales, causas que no llegan a juicio y procesos que implican nuevas situaciones de violencia frente agentes policiales y judiciales, profesionales de la salud y distintos actores estatales. La burocracia judicial, la falta de información, el desconocimiento sobre las figuras legales y la falta de acceso a un asesoramiento jurídico adecuado fueron señalados como algunos de los problemas que atraviesan los familiares.

También hablaron sobre situaciones de discriminación y estigmatización por parte de distintos sectores de la sociedad, que se materializan en campañas de odio y desinformación en medios y redes sociales. Existen prejuicios sobre las víctimas y sus familiares y formas de criminalización asociadas a la “portación de rostro”.
Frente a estas dificultades, se socializaron estrategias construidas colectivamente para visibilizar y nombrar a las víctimas, dar a conocer cada caso, encontrarse con otras familias, ocupar el espacio público y recurrir a distintas expresiones artísticas que constituyen acciones de activismo.
Durante la segunda jornada la mesa de trabajo se orientó a equipos de investigación, con el propósito de construir una agenda conjunta, identificar puntos de convergencia, discutir y diseñar líneas de cooperación académica futura. Atender la violencia institucional como un problema público y social supone observar las condiciones que permiten su reproducción y elaborar estrategias que permitan abonar más y mejores políticas públicas.

La jornada de cierre contó con las conferencias centrales de las antropólogas Lucía Eilbaum (Universidad Federal Fluminense, Brasil) y Carla Villalta (Instituto de Ciencias Antropológicas, CONICET- UBA). Ambas propuestas abordaron las relaciones entre Estado, derechos, violencias y activismos; y problematizaron, desde distintos casos y etnografías, cómo las prácticas institucionales estatales administran la protección y el castigo.

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